Con falsas acusaciones contra Javier Corral y las personas
derechohumanistas, tratan el PRI y los medios de comunicación pagados por este
partido de tapar las graves deficiencias y complicidades de la política de
seguridad pública del Gobierno Federal y del Gobierno del Estado.
En efecto, en los últimos días se han dado hechos que revelan enormes
agujeros –o complicidades, insistimos- en la política estatal y federal contra la delincuencia:
Por una parte, el sistema penitenciario estatal ve disminuida la
calificación por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), cuyo titular, Luis Raúl González Pérez tiene una
calidad moral y profesional reconocida nacional e internacionalmente.
Por otro lado, el Gobierno Federal decide trasladar “temporalmente” a
Joaquín, el Chapo Guzmán, al Cefereso No. 9, de Ciudad Juárez sin dar más
explicación que “por razones de seguridad”, según dicho del comisionado Renato
Sales.
Estos hechos duros, que hablan del mal manejo de la seguridad en los
gobiernos de César Duarte y Enrique Peña Nieto y que, indudablemente, afectan
las desangeladas campañas de los candidatos del PRI, sobre todo la de Enrique
Serrano, candidato a gobernador, han tratado de ser minimizados o manipulados
por ciertos actores políticos o medios de opinión como una estrategia pedestre
de control de daños:
- El presidente de la CEDH, fiel a su compromiso de defender a Duarte antes que a los derechos de las y los chihuahuenses, expresa su extrañeza ante la baja de calificación de los penales del estado.
- El presidente del CEE del PRI, Guillermo Dowell, acusa con toda falsedad al candidato del PAN y de la Alianza Ciudadana por Chihuahua, Javier Corral Jurado, de tener vínculos con el Chapo Guzmán demostrada acusación de las ligas de Javier Corral con el Chapo Guzmán, sin más argumento que el hecho de que sus hermanos hayan sido procesados en los Estados Unidos.
- En la columna Ráfagas del periódico El Heraldo de Chihuahua, correspondiente al lunes 9 de mayo, se defiende el manejo que el gobierno de Duarte tiene de los penales del estado, así como la siempre sumisa postura del presidente de la CEDH, y se cuestiona al presidente de la CNDH, no sólo por la calificación que baja a los centros de reclusión, sino también por la defensa que emite sobre el derecho de las personas defensoras de los derechos humanos a participar en las campañas políticas, como todo ciudadano. La columna, vuelve a esgrimir la ya muy desgastada acusación de que no pueden ponerse los derechos humanos en manos de “mercaderes”. No es la primera vez que esta columna ataca a personas defensoras de derechos humanos acusándolas sin ningún fundamento real de enriquecerse con las causas: ya lo había hecho en los casos de las familias de las víctimas de desaparición forzada y en el del Aeropuerto de Creel.
Con estos ataques al titular de la CNDH, a las personas defensoras de
los derechos humanos en Chihuahua, y con estas torpes defensas a la ineficiente
y corrupta política de seguridad de los gobiernos de Peña Nieto y César Duarte,
lo que se revela es el carácter servil de quienes las emiten; el pánico del presidente estatal tricolor al
ver que el candidato de Duarte se derrumba en las intenciones de voto y la
parcialidad comprada de un medio como El Heraldo de Chihuahua, hacia dichos
gobiernos, misma que se comprueba en los espacios e importancia que confiere a
la campaña de Serrano a la gubernatura, en detrimento de las de otros
candidatos.
La Alianza Ciudadana por Chihuahua exige al Instituto Estatal Electoral
haga cesar de inmediato todas estas expresiones de guerra sucia; le demanda al
presidente del CEE de PRI, un debate público sobre estos temas y le exige a El
Heraldo de Chihuahua a nombre de las y los derechohumanistas a quienes ataca
sin ningún fundamento en la columna Ráfagas.
No podemos permitir que la defensa de los derechos humanos en la que diversos
activistas de Chihuahua han llegado a ser figuras prominentes con reconocimiento nacional e internacional, sea
rebajada de una manera tan vil y mercantil.
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